Los contratos de formación caen un 78% en 2016

Los contratos de formación han caído un 78% en España en lo que va de año. Si en el primer trimestre de 2015 se formalizaron 37.990, este año la cifra sólo alcanzó los 8.426. Este tipo de relación laboral permite que los menores de 30 años se formen en su puesto de trabajo, obteniendo un certificado profesional, mientras cobran un salario, lo cual puede suponer una gran oportunidad para cientos de miles de personas que están en el paro y carecen de formación. Algo fundamental en España, donde el 42% de la población tiene un bajo nivel académico y unas 10 millones de personas ni siquiera han terminado la ESO.

En este gráfico, la espectacular bajada en la contratación en 2016, enfrentándose a la tendencia creciente del 2015

En este gráfico, la espectacular bajada en la contratación en 2016, enfrentándose a la tendencia creciente del 2015

Una de las causas del descenso de este tipo de contratos está en la Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, que amplió el plazo de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Dicha orden hizo desaparecer, a partir del 1 de enero de 2016, la formación a distancia en los certificados de profesionalidad. En su lugar se impone la teleformación que, a diferencia de la formación a distancia, exige que una parte de las horas se impartan de modo presencial.

Acuerdos y acreditaciones

Cualquier empresa interesada en contratar trabajadores en régimen de formación, debe tener un acuerdo con un centro acreditado por el SEPE que imparta certificados profesionales en la modalidad de teleformación, pero esto no es suficiente. Dado que el trabajador, además, tiene que recibir las clases presenciales correspondientes al certificado, la empresa tiene dos opciones.

La primera consiste en colaborar con un centro que imparta las clases presenciales. Dicho acuerdo tendrá que estar validado por el SEPE previamente y, además, estar asociado a la acreditación en teleformación, lo cual ralentiza el proceso.

La segunda opción es que sea la propia empresa quien se acredite para impartir las horas presenciales. Para ello, entre otras cosas, tendrá que habilitar un espacio adecuado a los exigentes requerimientos de la ley y realizar numerosos trámites burocráticos que, en el mejor caso, supondrán unos 6 meses de media.

Para mostrar lo engorroso del sistema, Patricia García, presidenta de la Asociación Española de Empresa de Formación para el Empleo (AECFE) pregunta: “Teniendo en cuenta que el 90% de las empresas españolas con personal asalariado son micropymes que podrán contratar a una o dos personas a lo sumo ¿cuántas estarán dispuestas a invertir dinero, esfuerzo y medio año de su tiempo para que se una a su plantilla un trabajador sin cualificación?” Los datos hablan por sí mismos, 29.564 contratos menos desde la entrada en vigor de la norma.

Por si esto fuera poco, explica Patricia García, “cualquier empresa que intente realizar contratos de formación se encontrará con dificultades para acceder a la información necesaria y con directrices cambiantes en la Administración, ya sea por ausencia de procedimientos internos o por falta de formación del personal responsable. Además, como la competencia sobre esta contratación es autonómica, no existe un único criterio en el Estado sino que puede ser diferente en cada comunidad, lo que da lugar a numerosas desigualdades”.

Por otra parte, a las empresas se les exigen requisitos que están al margen de la realidad del mercado laboral. Por ejemplo, tienen que comunicar el inicio de la formación a la Administración un mes antes de iniciarla, lo cual es incompatible con el ritmo normal de contratación, máxime si tenemos en cuenta que los sectores donde más se utiliza este tipo de contrato son la hostelería y el comercio. “Hay que añadir –comenta García– que la Administración suele tardar en contestar, con lo que todo el proceso se retrasa tanto que, en ocasiones, ya ha pasado la fecha de inicio del curso y la empresa se ve obligada a presentar una nueva solicitud ya que, debido a la dejadez administrativa, la anterior está obsoleta”.

Realidad de las empresas versus Administración

Otro de los problemas que plantea la actual normativa es que la Administración no ha tenido en cuenta la realidad de las empresas españolas, donde la inmensa mayoría son micropymes alejadas varios kilómetros de centros acreditados que puedan impartir presencialidades. Ante esta situación, no les quedaría más remedio que acreditarse ellas mismas para poder hacer contratos de formación. Esto nos lleva a una situación en la que, según los datos que maneja la principal empresa de formación del país, Grupo Femxa, que gestiona este tipo de contratos tendrían que acreditarse unas 5.900 empresas al mes, lo que podría colapsar el sistema.

Todas las tipologías de empresas sufren descenso en el nº de contratos, ajustándose el grupo mayoritario, de 1 a 25 trabajadores, al descenso general del 77%.

Todas las tipologías de empresas sufren descenso en el nº de contratos, ajustándose el grupo mayoritario, de 1 a 25 trabajadores, al descenso general del 77%.

Otra muestra de esta falta de adecuación de la normativa a la realidad de las empresas es escasez de certificados profesionales en los sectores que más demandan contratos de formación. La hostelería y el comercio, concentran el 85% de los contratos de formación, sin embargo sólo 7,38% de los certificados profesionales están vinculados con ellos.

Hay una última cuestión en la que la Administración no ha tenido en cuenta la manera de trabajar de las empresas y que está frenando la implantación del contrato de formación en la industria. Las factorías tienen un ritmo frenético donde, habitualmente, se trabaja por turnos de mañana, tarde y noche. Sin embargo, los contratos de formación sólo admiten la jornada matinal y muchos empresarios no están dispuestos a dar un trato especial a los empleados en formación, por lo que optan por no contratar en esta modalidad.

 

Adecuar los contratos de formación al mercado laboral

En resumen, para la mayoría de las empresas de nuestro país resulta muy complicado, lento y costoso realizar contratos de formación. Si la Administración no modifica sus exigencias, este tipo de contratación, desaparecerá y “el país perderá una excelente oportunidad de reducir la cola del paro y proporcionar, al mismo tiempo, una capacitación profesional a miles de personas”, afirma García.

Por este motivo, AECFE insta a la Administración a flexibilizar y adecuar los procedimientos vinculados a la acreditación de los centros que imparten certificados de profesionalidad, establecer un marco común en el proceso de formalización del contrato y adecuar la normativa existente a la realidad empresarial. “Se trata, en muchos casos, de adoptar medidas sencillas como acortar el plazo de un mes de solicitud, pudiendo contratar primero y comenzar posteriormente la formación o permitir que se realicen tutorías y exámenes en la propia empresa, aún cuando no esté acreditada para impartir las clases presenciales”, concluye García.

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