España no forma a sus trabajadores

El Gobierno lleva 9 meses de retraso en la convocatoria estatal de formación de trabajadores ocupados. Esta demora supone la paralización de 290 millones de euros destinados a la formación de empleados, una cantidad correspondiente al acumulado de 2016 y 2015.

La relación entre la Administración Pública y el sector de la formación siempre ha sido difícil con respecto a este tema. Desde hace años, las empresas contamos con un plazo verdaderamente escaso para preparar y solicitar la citada convocatoria. Para hacer las cosas más difíciles, este trabajo extenuante, en el que debemos preparar mucha documentación en muy poco tiempo, suele concentrarse en 20 días en pleno mes de agosto, con festivos de por medio, en los que las entidades nos jugamos buena parte de los ingresos del año siguiente.

Pero el gran esfuerzo que se nos exige no es correspondido con una agilización de las resoluciones, lo que suele dejar a las empresas en el limbo durante meses. Si bien nos hemos habituado en cierta medida a lo que consideramos una mala costumbre, lo de esta convocatoria no tiene precedentes. Ha pasado casi un año y el tema sigue sin estar resuelto.

Casi un año de inmovilización de un dinero retenido a los trabajadores que debe invertirse de manera urgente en la formación de empleados por cuenta ajena, autónomos y parados. Un dinero que espera en un cajón a ser utilizado, que atrapado por un parón legislativo del que creemos no debe ser esclavo, pues estos fondos ya estaban consignados para ese fin y es perfectamente lícito que un gobierno en funciones los adjudique.

Y aunque no fuera así, desde AECFE no entendemos este retraso. Es cierto que se ha iniciado una reforma que era necesaria desde hace años. Pero, en esencia, no deja de ser la enésima adaptación de un texto que básicamente responde a un modelo de acuerdo bipartito que en 1992 constituyeron los agentes sociales. Una reforma en la que se tiene claro que hay que cambiar las cosas, pero no se sabe hacia dónde o hacia qué, y cuya tardanza ha dejado en el camino a un montón de centros de formación y ha puesto en peligro a los que consiguen subsistir pese a todo.

Para que esta evolución legislativa nos lleve a la mejora debe tener como cimientos el acuerdo institucional, el pacto entre los grandes partidos políticos y una mínima visión de futuro de los organismos públicos que tenga en cuenta la realidad empresarial. Debe dejarse atrás la inseguridad jurídica que viene caracterizando a la formación para el empleo, donde las diferentes interpretaciones de Administración, servicio central y comunidades autónomas suponen un galimatías para las empresas del sector.

Apremiamos al Gobierno a resolver de una vez una situación que merma el crecimiento de un país que vive una grave falta de competencias básicas. Un país en el que se financian con fondos públicos certificados de profesionalidad ajenos al mercado de trabajo mientras se dejan de lado las nuevas tecnologías. Nueve meses de parálisis que suponen un freno drástico para la evolución y adaptación de las empresas privadas al mercado y a los clientes.

 

España se está quedando atrás en la preparación de sus trabajadores, en la innovación de las empresas, en competitividad. El retraso de las convocatorias limita el crecimiento profesional de los empleados y autónomos y condena a la exclusión a los parados. Hoy en día, la economía sólo crece con empresas estables que evolucionan continuamente y se expanden a nuevos mercados. En la era del conocimiento, las inversiones extranjeras buscan capital humano cualificado que sea capaz de desarrollar sus proyectos. Nuestra labor como centros de formación es preparar a las personas para garantizarles un futuro. Generamos empleabilidad. Pero para hacer bien nuestro trabajo necesitamos leyes justas y estables.

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