El mercado de la Formación para el Empleo se está regulando sin respetar la libertad de empresa

La carga normativa que se le impone atenta contra la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución Española.

La Constitución Española, en su artículo 38, reconoce el derecho a la libertad de empresa. Para reforzar esta idea, la Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, del Tribunal Constitucional garantiza la defensa de la productividad y contempla la economía de mercado como el marco obligado de la libertad de empresa. Afirma, además que dicha libertad está naturalmente relacionada con la necesidad de unidad de la economía nacional y la exigencia de un mercado único que permita al Estado coordinar la planificación general de la actividad económica (STC 96/1984, 64/1990 y 118/1996).

Sin embargo, en el sector de la formación para el empleo nada de esto se está respetando sino que, una y otra vez, se registran intervenciones innecesarias que impiden la libre toma de decisiones empresariales, algo inaudito e impensable en otros sectores. De este modo, deja de garantizarse el buen funcionamiento de los procesos de mercado, indispensables para alcanzar un país próspero y desarrollado.

La unidad de la economía estatal se ve afectada por limitaciones territoriales constantes y una interpretación dispar de las leyes y reglamentos por parte de las distintas administraciones. Además, las Comunidades Autónomas legislan de manera arbitraria actuando, en ocasiones, más allá de su capacidad normativa. En definitiva, se están produciendo actuaciones que atentan contra la consecución del mercado unitario y que pueden estar alterando la competencia.

Otra cuestión llamativa es que se podrían estar regulando cuestiones que corresponden únicamente a decisiones de las empresas y trabajadores en el marco de la libertad de mercado. Por ejemplo, se imponen requisitos mínimos de salario a docentes que muchas veces cuadruplican lo estipulado en la negociación colectiva, echando por tierra tanto los convenios colectivos como la labor de negociación de patronal y sindicatos.

Por otro lado, y de un modo inercial, las Administraciones discriminan la contratación de servicios según la forma jurídica del prestatario, prohibiendo contratar con sociedades mercantiles (sociedad limitada, sociedad anónima,…), pero sí con empresarios autónomos ciertos servicios. ¿A alguien se le ocurriría en 2016 preguntarle a un electricista si es autónomo o sociedad limitada y decirle que si es sociedad no le puede contratar porque no le deja la Administración? Con esta decisión, se beneficia a un tipo de sociedad frente a otra, lo cual puede suponer una vulneración de la competencia y de todo lo expuesto en la Directiva Europea de Servicios, que impide discriminar por la naturaleza jurídica del contratista.

No entendemos por qué el mercado de la formación para el empleo se está regulando por la vía de las subvenciones, ya que la propia Ley General de Subvenciones podría estar excluyendo de su ámbito todas aquellas actuaciones que supongan una contraprestación directa, dentro de las que se podría incardinar la prestación de servicios que realizamos actualmente. ¿Alguien se imagina que se subvencionara a las constructoras para hacer autopistas?

En España existen 6.667 empresas de formación acreditadas, de las cuales 2.764 (el 40% del total) pertenecen al sector público o a entidades sin ánimo de lucro (agentes sociales, fundaciones, asociaciones civiles,…). En muchas ocasiones, la propia Administración licita a través de la Ley de Contratos del Sector Público idénticos servicios, lo que no puede sino reforzar la idea de que en este sector se está retorciendo indebidamente la naturaleza del negocio jurídico, para conseguir fines que se alejan del camino marcado tanto por la Constitución Española como por el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Si no se garantiza la libertad de empresa, no se podrán cumplir los objetivos que con ella se buscan: un mercado fuerte, competitivo y moderno que ofrezca un buen servicio a los ciudadanos. Al no respetar la igualdad de condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, no es posible alcanzar en el mercado nacional el grado de integración que su carácter le impone por definición.

Por lo tanto, exigimos que se cumpla lo establecido en la Carta Magna, en las directivas europeas y que se respeten y apliquen las decisiones del Tribunal Constitucional en un sector menospreciado pero que, si logramos se organice adecuadamente, tendrá un impacto directo en el futuro del país. Un sector que forma trabajadores, genera empleabilidad y de cuyo correcto funcionamiento depende en gran medida nuestro desarrollo económico.

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