Convocatoria de formación. Las CCAA no pueden restringir acceso a los centros que no hayan participado en sus anteriores convocatorias. 

Convocatoria de formación. Las CCAA no pueden restringir acceso a los centros que no hayan participado en sus anteriores convocatorias. 

Las empresas de formación podrán concurrir libremente en todo el territorio nacional a cualquier convocatoria de formación para el empleo.

Las Comunidades Autónomas no pueden restringir el acceso a los centros y empresas de formación que no tengan participación en convocatorias anteriores de dicha comunidad. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hacerlo vulnera los principios de no discriminación y eficacia nacional.

El pasado mes de mayo, Navarra publicó una convocatoria para la subvención de formación a ocupados. Días más tarde, recibió una reclamación de una empresa de formación, asesorada por la Asociación de Centros de Formación para el Empleo (AECFE), por considerar que algunos puntos de la convocatoria vulneraban la ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de la unidad del mercado. Concretamente, en lo referente a la libertad de establecimiento y circulación de los operadores económicos.

A respecto de dicha reclamación, el 27 de junio el Servicio de Asistencia y Gestión Administrativa del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare emitió un informe en el que concluye que el requisito de acreditación o inscripción por el Servicio Navarro de Empleo para poder concurrir en la convocatoria es contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional previstos en la ley, así como el criterio de valoración relativo a la gestión de subvenciones concedidas previamente por el mismo organismo.

Tras dicho informe, el Servicio de Empleo Navarro modificó las bases de su convocatoria, de modo que puedan concurrir los centros y entidades de formación acreditadas o inscritas en los certificados profesionales o especialidades formativas objeto de la solicitud y se valore la experiencia acreditada en la impartición de cursos de la misma familia profesional, en 2015, dentro del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE).

Navarra ha tenido que modificar su convocatoria por vulnerar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

El sistema de la FPE está regulado por la ley 30/2015, de 9 de septiembre, que establece el principio de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación, públicos y privados, acreditados y/o inscritos conforme a la normativa vigente, como rasgo básico transversal a la gestión de la financiación por parte de todas las Administraciones competentes en materia de formación profesional.

En este sentido, tal como ha establecido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su informe sobre la reclamación presentada, “una vez inscrita una entidad formativa en uno de los registros autonómicos existentes en España (inscripción en Comunidad de origen), no resulta exigible su inscripción en todos y cada uno de los registros del resto de comunidades autónomas (Comunidades de destino) en las que vaya a prestar sus servicios”.

Para fortalecer esta cuestión, la Comisión añade que “en la medida en que las subvenciones para la formación laboral a las que se refiere la Ley 30/2015 están sujetas a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, su gestión se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Las tres conclusiones de la Comisión:

  1. El requisito de acreditación y/o registro de las empresas solicitantes en el registro autonómico exigido en la Convocatoria del Servicio Navarro de Empleo de subvenciones para la ejecución de planes de formación para el año 2016, resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
  2. En lo que respecta a la valoración de la experiencia exclusivamente a partir de la participación en acciones formativas subvencionadas en la convocatoria de la misma administración del año anterior, se trata de una actuación que limita la libre prestación de servicios por parte de las entidades de formación, ya que contiene requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador.
  3. En el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera los requisitos arriba indicados, esta Comisión estaría legitimada para impugnar la citada Convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y las especialidades procesales previstas en los artículos 127 bis ter y quáter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Galicia y Baleares también se pronuncian

Tras la publicación de los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Servicio de Asistencia y Gestión Administrativa del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, estos fueron puestos en conocimiento de todas las administraciones autonómicas manifestándose Baleares y Galicia al respecto de las conclusiones emitidas. Ambas instituciones, tras analizarlos en detalle, los han refrendado.

Creemos, desde AECFE, que ordenes y convocatorias recientemente publicadas y claramente contrarias a estas disposiciones deberían adaptarse de oficio a este reiterado pronunciamiento de la CNMC y de la SCUM.

Desde AECFE nos comprometemos a continuar trabajando para que nuestros asociados, y todo el sector de la formación española, puedan trabajar al amparo de las garantías establecidas en las leyes de nuestro país.

Para consultar casos resueltos por la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado (SECUM) puedes pinchar aquí

 

 

 

 

Déjanos un Comentario!

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.